La planta de urea subsiste un año paralizada y con el 10% de personal

Tras la inspección a la planta de urea y amoniaco, la Gobernación de Cochabamba informó que sólo 30 de 300 funcionarios (10 por ciento) continúan trabajando en la factoría, que se aproxima a cumplir un año paralizada. El Gobierno nacional se comprometió a volverla a poner en marcha después de un proceso de reingeniería y, para ello, anunció la semana pasada que contrata consultores para que realicen estudios de administración y mercado.


En tanto, el director de Desarrollo Industrial, Energía e Hidrocarburos de la Gobernación, Moisés Quispe Copa, observó que la reingeniería se anuncia desde febrero y la planta aún no cuenta con el personal especializado para este trabajo.  A eso se suma, que casi la totalidad del personal capacitado en Corea del Sur fue despedido o transferido a otras subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Quispe explicó que tener la factoría sin operar es muy peligroso, ya que los equipos pueden dañarse y repararlos demandaría millones de dólares, debido a que todos los equipos fueron traídos del extranjero.  “Los equipos, cuando están parados, sufren deterioro. Hay que ver si van a funcionar o tendrá una falla técnica”, indicó.

A pesar de que la planta no está operando, el mantenimiento consume el 15 por ciento del gas requerido cuando está en producción. Sólo 30 trabajadores realizan trabajos de mantenimiento. “Se está generando gasto sin ingresos por la no producción de la planta”, dijo.

El pasado 4 de septiembre, YPFB lanzó dos licitaciones para contratar consultores que realicen estudios de mercado para la exportación y venta interna del fertilizante. El proceso terminará el 30 de este mes y la estatal petrolera presupuestó 177.172 dólares.

Quispe explicó que también está en licitación la adquisición de urea formaldehido, una materia prima para producir el fertilizante.

La planta paralizó operaciones el 17 de noviembre, tras los conflictos electorales de 2019. El nuevo Gobierno concluyó que su funcionamiento no era rentable y planteó su traslado a Santa Cruz, aunque después se retractó y anunció la reanudación de operaciones en diferentes fechas, pero ninguna se concretó.

Quispe considera que no hubo argumento técnico válido para detener operaciones, por lo que se analizará la situación con el área legal para iniciar un proceso legal al Ministro de Hidrocarburos.

“Vamos a consultar al área jurídica para ver qué acciones tomamos como Gobernación porque hay daño económico al Estado y si hay culpables deben responder”, dijo.

Explicó que la planta hubiera podido producir 2.100 toneladas de urea diariamente y  desde diciembre de 2019 a septiembre de 2020 se habría  exportado 693 toneladas, lo que significaba un ingreso de 242 millones de dólares al país.