Energía: por default contractual, Bolivia pide adelantar pagos de importaciones de gas

SANTIAGO SPALTRO / EL CRONISTA - La petrolera estatal de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), le pidió a Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa, del Estado nacional) que le anticipe los pagos de unos u$s 100 millones por las importaciones de gas natural durante todo julio.


La factura prepaga que mandaron las autoridades de energía de Bolivia fue motivada en que Argentina cayó en un incumplimiento contractual al no declarar una garantía, en este caso del Banco Nación.

El default de este contrato no implica riesgos para el abastecimiento de gas en el país, aunque es un nuevo síntoma de la interna oficial en el sector de la energía, que ya suma varios capítulos.

Argentina tenía que enviar antes del 1° de enero de 2020 una carta de crédito (stand-by letter of credit, SBLC o SLOC) para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales que unen a la ex Enarsa con la boliviana YPFB hasta el 2026 y que actualmente están regidas por la cuarta adenda, firmadas en febrero de 2019 por el ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez.

La carta de crédito anterior había vencido el 31 de diciembre de 2019 y el Banco Nación debía renovar la garantía a favor de YPFB para todo 2020, algo que todavía no sucedió.

El Banco Nación todavía no envió la carta de crédito a YPFB, que debió haber sido remitida en enero y funciona como garantía de cumplimiento del contrato por el que la Argentina importa gas natural de Bolivia desde 2007.

De acuerdo a lo que pudo saber El Cronista, no fue la primera vez que las autoridades de Bolivia mandaron una factura prepaga a la Argentina para que se les adelante el pago de los 18 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural.

Sí, en cambio, existe un malestar interno en los funcionarios argentinos, porque creen que el Banco Nación debía mandar "un simple papelito" que se demoró hasta el momento durante 6 meses.

Además, la carta de YPFB llega en un momento de tensión bilateral política por las diferencias entre la gestión de Alberto Fernández y la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez.

En el medio, se está negociando la quinta adenda al contrato, que debería tener vigencia a partir de 2021.

Según confirmó este lunes el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, en una videoconferencia con EconoJournal, las autoridades de Energía de la Argentina ya estaban en conversaciones con sus pares bolivianos para fijar los nuevos volúmenes y precios de las importaciones de gas en los próximos años.

El Cronista consultó con un vocero del Banco Nación, que confirmó la información y señaló que "hay un proceso de negociación con los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo para renovar la garantía".

"Hay que presentar avales y revisar los balances. Faltaban algunos cuestiones antes de otorgar la nueva garantía", plantearon en el banco.

Las autoridades de la ex Enarsa manifestaron que este tema era una prioridad para resolver con urgencia.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, no fue reconocida por Alberto Fernández. Entre ellos deben renegociar el contrato de gas.

El contrato original fue firmado por los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales en 2006 y empezó a correr en 2007. Tendrá una duración total de 20 años.

Con la última adenda, Argentina ahorraría unos u$s 454 millones (u$s 227 millones por año) por los cambios contractuales.

Una novedosa cláusula fue que se enviaría un avión militar Pampa III, valuado en cerca de u$s 15 millones, si Bolivia sobrecumplía en 15 MMm3/d los envíos de gas entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre de 2019, algo que efectivamente sucedió.

Sin embargo, Argentina todavía no entregó ese avión militar. Se coló en estos meses, primero, la negativa de Israel (país que fabrica la aviónica del Pampa III) a recompensar con equipamiento a Evo Morales por su relación con Irán y, luego, el cambio de gobierno en Bolivia, que la Argentina considera que fue mediante un Golpe de Estado y no reconoce la autoridad de Áñez Chávez.